En la Legislatura Porteña se presentó u proyecto de ley para que el trámite de la Verificación Técnica Vehicular sea voluntaria y opcional.
Los impulsores del proyecto de ley son Rebeca Fleitas, Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Oscar Zago, del interbloque La Libertad Avanza. Mediante este proyecto se busca derogar la Ley N° 2.265 que implementa la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto ocurre en la legislatura de la Ciudad, mientras se quiere tratar el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo porteño, presentado por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, para modificar la modalidad actual de la VTV. El objetivo es espaciar los trámites y permitir que los dueños de autos de menos de ocho años de antigüedad, ahorren dinero.
No obstante, el proyecto del interbloque de LLA, esperan que se trate para “establecer un sistema de verificación técnica vehicular voluntaria que incentive el incremento de la seguridad vial de forma no coactiva de los vehículos y motovehículos que circulen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, con las excepciones previstas en la presente Ley y en la normativa respectiva”.
En tanto, los argumentos del proyecto señalan que “queda garantizada la libre circulación de los vehículos y motovehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los radicados en otras jurisdicciones, con la excepción de que la autoridad de circulación identifique un evidente mal estado del vehículo que ponga en riesgo la seguridad de terceros o se detectarán anomalías de la suficiente envergadura que hagan suponer a la autoridad que la circulación de ese vehículo o motovehículo implique un peligro cierto para la seguridad en el tránsito”.
“La Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO), conocida como “VTV”, establecida mediante la Ley 2.265 ha suscitado fuertes críticas en numerosos especialistas en tránsito y seguridad vial y en general en ciudadanos que se ven obligados a cumplirla, entre otras razones debido a que a la luz de los años que se encuentra vigente lo que en realidad se ha verificado es que no produce una reducción de la siniestralidad y de las víctimas de hechos de tránsito; a la vez resulta costosa y burocrática para los usuarios de los rodados a los que se les exige, por lo que cabe suponer que resulta un mero mecanismo de recaudación estatal encubierto”, detallan en el texto del proyecto.
