Para esto fue que se llevó a cabo una audiencia Pública, que ya contó con 131 individuos registrados, para erigir el Centro de Referencia para la Educación y Reinserción Social en el Bajo Flores, que implica la enajenación de propiedades en Monte Castro, específicamente del antiguo Instituto Rocca al Club Atlético All Boys, de forma gratuita por un período de 20 años.
El grupo de profesionales encargado de moderar la audiencia pública en el Salón Dorado estuvo conformada por Victoria Roldán Méndez, Claudio Cingolani, Daniel Del Sol, Esteban Garrido, Cristina García de Aurteneche, Facundo Del Gaiso, Lucía Romano y María Cecilia Ferrero (Vamos Juntos); María Bielli, Matía Barrotaveña, Lorena Pokoik, Lucía Cámpora y Esteban Andrade (Frente de Todos); y Manuela Thourte (UCR/Evolución).
Alicia Blasco fue la primera en exponer del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a lo largo de la Audiencia Pública, quien inicialmente mencionó los Centros San Martín, Rocca y Manuel Belgrano, argumentando que “no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad” exigidos por la ley. Por lo tanto, consideró que es fundamental la construcción del nuevo Centro de Referencia en la manzana delimitada por la avenida Castañares y las calles Rivera Indarte y Bonorino. El objetivo, según Blasco es garantizar “condiciones dignas de habitabilidad, educación y formación”.
Posteriormente, en su exposición agregó que el nuevo establecimiento contará con “un centro de formación profesional, un espacio de salud y un lugar para que los adolescentes puedan dignificar su estadía”, facilitando así su futura “integración en la sociedad”.
Según lo estipulado en la legislación del Gobierno Ejecutivo de la Ciudad, aprobada en primera instancia por la Legislatura durante la última sesión ordinaria de 2019, las fuentes oficiales se refieren a un “establecimiento institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuestas a adolescentes imputados por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Federal”.
Por otro lado, Jorge “Quito” Aragón, ex legislador porteño, manifestó que “parece que tienen buenas intenciones al mejorar las condiciones de los jóvenes que ingresan al sistema penitenciario”. Sin embargo, señaló que están vendiendo “una parte del patrimonio estatal para utilizarla en otra”, ya que el terreno donde se construirá el Centro de Referencia, según Aragón, “antes era usado por el Estado para la despacho de camiones con asfalto”, según un resumen parlamentario.
Asimismo, la jefa de la Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad, Sonia Terreno, participó de la Audiencia Pública donde usó una presentación visual para dar su opinión, describió los trabajos a realizar y destacó que el nuevo edificio contará con “espacios deportivos y áreas verdes”, con diseños que no sugieran una estructura carcelaria.
Luego fue el turno de Julián Cappa, miembro de la Junta Comunal N° 7, quien pidió encontrar una solución al problema de la construcción “sin comprometer el patrimonio” de la Ciudad. El Padre Juan, de la parroquia Madres del Pueblo, ubicada junto al lugar donde se construirá el nuevo Centro de Referencia en Flores, advirtió que el barrio Rodolfo Riciardelli “carece de jardines de infancia y escuelas” y afirmó: “si realmente estamos interesados en la educación y la reintegración social, es necesario establecer centros de prevención para niños y adolescentes”.
Otro de los expositores fue Fernando Moya, miembro de la Junta Comunal 10, quien alertó sobre los casi “145 millones de dólares” que el gobierno de la Ciudad recaudaría por la venta de terrenos para la construcción del Centro de Referencia. Curapaligüe 727 (Centro José de San Martín), Segurola 1651 (antiguo Instituto Manuel Rocca) y Perón 2048 (Centro de Derivación) fueron designados como “propiedades innecesarias” por la ley. Moya también señaló que el antiguo Instituto, ubicado en el barrio de Monte Castro, fue donado por Manuel Rocca en 1914 para construir “un asilo para menores para que se eduquen”, y ahora está siendo enajenado.
Al finalizar la jornada de la audiencia, Julián Cappa, miembro de la Junta Comunal N° 7, pidió encontrar una solución al problema de la construcción “sin vulnerar el patrimonio” de la Ciudad. El Padre Juan, de la parroquia Madres del Pueblo, ubicada junto al lugar donde se construirá el nuevo Centro de Referencia en Flores, advirtió que el barrio Rodolfo Riciardelli “no tiene un jardín ni escuela” y afirmó que si realmente estamos interesados en la educación y la reintegración social, “es necesario crear centros de prevención para niños y adolescentes”.
Después expresaron sus opiniones, Mariano Fernández, habitante de la Comuna 10, abogó por “menos instituciones penitenciarias y más centros educativos”; María Teresa Gutiérrez Cullen con notable descontento por el futuro de los antiguos terrenos, dijo que “es claro que van a hacer torres, con el desprecio del patrimonio”.
Laura Fiumara, quien se identificó como docente y residente de Monte Castro durante tres décadas, solicitó que se consideren las necesidades prioritarias del vecindario y optó por “un jardín de infantes de jornada completa”.
