El Tribunal Superior de Justicia porteño, en su fallo, consideró que la escuela pública solo es para las familias que no pueden abonar la matrícula de una escuela privada.
De este fallo se desprende que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo que va en contra de las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas.
La causa se había iniciado en 2018 – según consigna el diario Página12- cuando una madre quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad y, en caso de no conseguir vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado.
Por lo tanto, la madre denunció que las autoridades no garantizaron el derecho a la educación de su hijo, amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
Hubo fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hasta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la Justicia porteña. Allí en un voto casi unánime (cuatro votos a favor, y solo Alicia Ruiz en contra) el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante.
Por su parte la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), dio a conocer un comunicado que explica que “Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el ‘reino del revés’, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos”.
Asimismo, desde el colectivo Vacantes para Todxs, señalaron que el fallo es “escandaloso” y que implica que “la escuela pública deja de ser para todxs, por complicidad entre la Justicia y el Gobierno de la Ciudad”.
Cabe señalar que en un tramo del fallo, la jueza Marcela De Langhe explica que “en suma, quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asignan prioridad el artículo 17 de la CCABA, el artículo 1 de la ley 4036 y el reglamento administrativo contenido en el Anexo de la Resolución 3337/MEGC/2013, no podrá exigir su admisión en una de las vacantes existentes en el sistema público de educación inicial si las vacantes no son suficientes para albergar, en primer lugar, a aquellos grupos con mayor prioridad”.
