La Justicia de primera instancia intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, para que en cinco días notifique cuáles son las medidas que se tomarán, para ayudar a las familias sin techo, debido al avance del coronavirus.
El titular del Juzgado n° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de cinco días remita los actos de creación y modificación del Programa Buenos Aires Presente, del Plan Prevención del Frío y Plan Prevención del Calor, y el Programa Atención para Familias en Situación de Calle, así como los que dan cuenta de sus tres últimas afectaciones presupuestarias, informó el portal I-Judicial
Por otra parte, se conoció un pedido por la población villera, mediante la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que difundió un pedido especial ante la eventual expansión y circulación local del virus en la población de las villas y asentamientos precarios, en los cuales también se ha expandido el dengue y la tuberculosis.
Desde la CDHI (Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión), informaron que “En nuestros barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad. A esta injusticia social naturalizada, que evidencia una vulneración preexistente de derechos, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad”.
Además, manifestaron que “Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue (no acumular agua) o en materia del coronavirus (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”.
“Desde esta Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión queremos expresar nuestra alta preocupación al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales” agregaron miembros de la CDHI.
